En un Estado del bienestar como el nuestro, son el Estado y la Administración pública los garantes de la protección de nuestros derechos. Ahora bien, eso no implica que la ciudadanía no deba asumir siempre sus importantes responsabilidades.
En el escenario actual de crisis sanitaria creado por la pandemia del Covid-19 surgen diferentes cuestiones sobre cómo determinar la responsabilidad de los Estados y Administraciones Públicas en la garantía del derecho a la salud de los ciudadanos, y cómo estos pueden actuar colaborando o siendo corresponsables del éxito o del fracaso de la gestión realizada por las autoridades sanitarias.
Por otra parte, se hace necesario valorar el fundamento de la legitimación del Estado para restringir los derechos individuales de los ciudadanos en beneficio de la sociedad, en el caso de que sea necesario; y, por último, el respeto de la autonomía de la voluntad del paciente o ciudadano frente a la actuación de los poderes públicos.
Artículo completo de Yolanda Aguilar