El próximo jueves 4 de marzo de 2021 se entregarán los IV Premios Sanitarias, en esta ocasión en una ceremonia adaptada lógicamente a las medidas excepcionales para hacer frente al Covid-19.

Convocados por Redacción Médica, estos galardones alcanzan su cuarta edición consolidándose como la referencia en el reconocimiento al protagonismo de la mujer en la sanidad española. Entre los miembros del jurado se encuentra Ofelia De Lorenzo.

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El ámbito sanitario está cada vez más judicializado. El número de reclamaciones aumenta paulatinamente. Los litigios son largos, costosos y obligan a los facultativos a padecer la denominada “pena de banquillo”. La mediación aparece como una alternativa real a los métodos tradicionales y constituye una oportunidad para solucionar los casos de una forma extrajudicial.

El próximo 21 de enero se celebra el Dia de la Mediación. Esta fecha coincide con la aprobación del primer texto legislativo de mediación europeo. El 21 de enero de 1998 el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la Recomendación sobre Mediación Familiar.

En España, la mediación está regulada a través de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles; y del Real Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, que completó la regulación legal en materia de formación y responsabilidad civil de los mediadores.

Recientemente, el Consejo de Ministros ha aprobado una reforma que pretende impulsar la resolución de conflictos como vía previa obligatoria a la via judicial mediante los sistemas alternativos de resolución de conflictos, los conocidos ADR (alternative dispute resolution) para aliviar a la administración de Justicia, y garantizar a los ciudadanos una mejora en la atención de los servicios públicos relacionados con la justicia.

La mediación está constituida en torno a la intervención de un profesional neutral que facilita la resolución del conflicto por las propias partes, de una forma equitativa, permitiendo el mantenimiento de las relaciones subyacentes y conservando el control sobre el final del conflicto.

PLATAFORMA REDES, RESOLUCIONES EXTRAJUDICIALES EN DERECHO SANITARIO, aboga por una gestión del conflicto de forma colaborativa entre las partes, y para ello herramientas como la mediación son esenciales en la resolución de las controversias en materia de salud.

Por este motivo, ha impulsado un curso de experto que acerca a los alumnos a un ámbito cada es más relevante en el sector sanitario, porque la realidad sanitaria pone en práctica cada vez con más frecuencia estas actuaciones al margen de la vía judicial.

El Consejo de Ministros ha aprobado una reforma que pretende impulsar la resolución de conflictos como vía previa obligatoria a la via judicial mediante los sistemas alternativos de resolución de conflictos, los conocidos ADR (alternative dispute resolution) para aliviar a la administración de Justicia, y garantizar a los ciudadanos una mejora en la atención de los servicios públicos relacionados con la justicia.

El Anteproyecto forma parte de la Estrategia Justicia 2030, tal como desarrolla el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y el Plan de la Unión Europea Next Generation. Además, el Anteproyecto pretende dar respuesta a los desafíos surgidos como consecuencia de la pandemia de la Covid-19.

El objetivo de estos sistemas, que nuestro legislador denomina, los medios adecuados de solución de controversias (MASC), es fomentar la capacidad negociadora de las partes, con la introducción de mecanismos que acerquen a las partes a alcanzar un acuerdo y evitar la confrontación, siguiendo la experiencia del derecho comparado de nuestro entorno.

El Anteproyecto regula la implantación de los MASC en los asuntos civiles y mercantiles, sin perjuicio de que en el futuro puedan extenderse a otros ámbitos. Para potenciar su utilización, el abogado habrá de acompañar a la demanda el documento que acredite haberse intentado la actividad negocial previa a la vía judicial como requisito de procedibilidad.

Los MASC que podrán utilizar las partes, se establecen en un catálogo amplio que favorece la libre elección de los mismos. Así, se contempla: la actividad negocial, la conciliación privada, la oferta vinculante confidencial, la opinión del experto independiente, la mediación, así como cualesquiera otros procedimientos previstos en la legislación especial (particularmente en materia de consumo).

Una de las grandes novedades es que la validez que tendrá el acuerdo alcanzado a través del MASC es exactamente el mismo que si es resuelto por un juez. El acuerdo alcanzado tendrá el valor de cosa juzgada para las partes, no pudiendo presentar demanda con igual objeto. Para que tenga valor de título ejecutivo, el acuerdo habrá de ser elevado a escritura pública o bien homologado judicialmente cuando proceda.

La Fundación Humans y Plataforma Redes han firmado un acuerdo cuyo objetivo es sentar las bases de colaboración para presentar un plan de humanización en la gestión de los conflictos a las instituciones sanitarias, profesionales y pacientes que contribuya a liderar un cambio hacia un nuevo modelo de ser en las relaciones personales en el entorno organizativo.

El convenio busca construir espacios de diálogo pacífico, una mejora en el rendimiento laboral, una reducción de costes asociados al conflicto y, por tanto, un aumento en la calidad de atención al paciente que gira en torno a una política de humanización del conflicto.

Ambas organizaciones colaborarán en proyectos piloto y programas formativos dirigidos a la creación de unidades especializadas y personalizadas en los hospitales públicos, dependientes del servicio de atención al paciente o de los servicios jurídicos.

Plataforma REDES, resoluciones extrajudiciales de resolución de conflictos en Derecho Sanitario, proyecto pionero en España, da un paso más en su labor formativa y lanza este Curso cuyo objetivo primordial es formar a profesionales del sector sanitario en la resolución extrajudicial de conflictos sanitarios.

El curso de experto pone al servicio de los alumnos el altísimo grado de conocimiento y experiencia en un ámbito cada es más relevante en el sector sanitario, siendo así, la realidad sanitaria en nuestro país hace que este tipo de actuaciones al margen de la via judicial, este adquiriendo cada vez más importancia.

Este Curso está dirigido fundamentalmente Titulados Universitarios y profesionales de la sanidad, y aquellos profesionales interesados en ahondar en los aspectos relativos a la resolución alternativa de resolución de conflictos.

La formación preventiva en gestión de conflictos es fundamental a la hora de involucrar a los profesionales, en el logro de unas mejores habilidades y resultados ante situaciones de conflicto o crisis.

El curso tiene una duración de tres meses (de febrero a abril y una carga lectiva de 100 horas.octubre a diciembre). Las clases se desarrollarán en horario de tarde, de 15 a 20.00 horas en la Sede de PROMEDE (Profesionales de la medicina y el derecho) Plaza del Conde Valle Suchil nº 10. El profesorado se compone de profesionales del sector sanitario, jurídico y de comunicación, configurándose un claustro de primer nivel y máxima experiencia en el sector de la resolución extrajudicial.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO:
info@plataformaredes.es

El próximo 6 de octubre, a las 16.00 horas, se celebrará una sesión organizada por la Sección de Derecho Sanitario titulada “La humanización de los conflictos sanitarios: presente y futuro de los sistemas alternativos de resolución”.

La mesa redonda, que será moderada por Esperanza Marcos Juárez, copresidenta de la Sección de Derecho Sanitario, contará con los siguientes ponentes:

• Yolanda Aguilar Olivares. Directora de Plataforma REDES-Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario. Doctora en Derecho. Ex Secretaria General del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
• Ofelia De Lorenzo Aparici.Socia Directora del área Jurídico-Contencioso en De Lorenzo Abogados

Inscripción 

Ofelia de Lorenzo, experta en Derecho Sanitario, ha intervenido en el l SIMPOSIO OBSERVATORIO DE LA SANIDAD ‘Las fronteras de la lucha contra el coronavirus‘, organizado por El Español, y ha advertido de la necesidad de tender una estrategia global, tanto jurídica como ética y evitar una judicialización peligrosa en tiempos de pandemia.

«Si judicializamos todo y hemos estado tres meses con los juzgados paralizados tendremos una pandemia jurídica muy compleja. Por eso, ha propuesto una ley orgánica que habilite tomar medidas de suspensión de derechos en situaciones se emergencia sanitaria.

Ha explicado que hay que actualizar nuestro marco normativo y es un gran momento para ir avanzando en el derecho normativo, de la mano del derecho sanitario. «La actuación de los profesionales sanitarios, está fuera de toda duda, pero por eso hay que dotarle de un marco jurídico para protegerle», ha dicho.

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No solo es posible, sino que es una obligación equilibrar el derecho a la educación y el derecho a la salud que todo niño posee. Así lo afirman los abogados expertos en esta atípica vuelta al colegio. Si fue complicado terminar el curso escolar en el confinamiento, el comienzo del nuevo no lo va a ser menos.

Tal y como recuerda Ricardo De Lorenzo, abogado experto en Derecho Sanitario, en el escenario normativo español la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud “no solo individual sino también colectiva, para imponer obligaciones a los colectivos, en el propósito suficientemente justificado, como es el caso presente, de la defensa de la salud colectiva. En sentido inverso, si los padres pueden justificar que el centro escolar no dispone de las medidas de seguridad para prevenir contagios, podrían defenderse, en caso de ser sancionados”.

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Los profesionales sanitarios han trabajado a destajo los últimos meses para atender a los pacientes contagiados de Covid-19. Sin embargo, al comienzo de la crisis sanitaria muchos lamentaron la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) con los que protegerse contra el virus. Tampoco se disponía de los equipos de ventilación mecánica invasiva suficientes para la alta demanda, por lo que se vieron obligados a cribar a los pacientes. Ahora que los países se afanan en encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus, los expertos demandan un marco jurídico para priozar su suministro.

«En este proceso se tendrá que tener como principal objetivo asegurar el acceso universal a la vacuna con criterios de equidad, ya que ningún país y ninguna persona debiera estar bajo ninguna discriminación en el acceso a la prevención de la Covid-19, si finalmente disponemos de vacuna, pero no podemos depender solo de la buena voluntad», argumenta Ricardo De Lorenzo, doctor en Derecho y Presidente en De Lorenzo Abogados.

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La crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 en España no solo ha supuesto un alto coste para los ciudadanos (con más de 28.400 fallecidos y 255.000 contagiados por el virus), sino que, previsiblemente, traerá consigo un alto volumen de reclamaciones de afectados o sus familiares contra el sistema sanitario y sus profesionales. Pero, ¿hasta qué punto tendrá peso jurídico estas denuncias contra médicos y enfermeros que atendieron el Covid-19? ¿Debe preocupar a los profesionales, así como a los sistemas sanitarios autonómicos, un ‘aluvión’ de reclamaciones?

Preguntada por esta cuestión, Ofelia De Lorenzo y Aparici, socia-directora del Área Jurídico Contenciosa de De Lorenzo Abogados, explica a Redacción Médica que, tras esta crisis de salud publica, “se prevé otra, en este caso, jurídico sanitaria, en materia de responsabilidad profesional sanitaria”. Y esto se debe, tal y como señala la experta a este medio, a que, aunque la pandemia haya conseguido poner en valor la labor de los profesionales sanitarios y el ciudadano haya sido consciente de las limitaciones y carencias con las que han contado, “el dolor por la pérdida de un ser querido, al igual que la falta de comprensión de cómo o por qué ha pasado, justificaría sin duda una reclamación en materia de responsabilidad profesional sanitaria”.

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