Plataforma REDES, resoluciones extrajudiciales de resolución de conflictos en Derecho Sanitario, proyecto pionero en España, da un paso más en su labor formativa y lanza este Curso cuyo objetivo primordial es formar a profesionales del sector sanitario en la resolución extrajudicial de conflictos sanitarios.

El curso de experto pone al servicio de los alumnos el altísimo grado de conocimiento y experiencia en un ámbito cada es más relevante en el sector sanitario, siendo así, la realidad sanitaria en nuestro país hace que este tipo de actuaciones al margen de la via judicial, este adquiriendo cada vez más importancia.

Este Curso está dirigido fundamentalmente Titulados Universitarios y profesionales de la sanidad, y aquellos profesionales interesados en ahondar en los aspectos relativos a la resolución alternativa de resolución de conflictos.

La formación preventiva en gestión de conflictos es fundamental a la hora de involucrar a los profesionales, en el logro de unas mejores habilidades y resultados ante situaciones de conflicto o crisis.

El curso tiene una duración de tres meses (de febrero a abril y una carga lectiva de 100 horas.octubre a diciembre). Las clases se desarrollarán en horario de tarde, de 15 a 20.00 horas en la Sede de PROMEDE (Profesionales de la medicina y el derecho) Plaza del Conde Valle Suchil nº 10. El profesorado se compone de profesionales del sector sanitario, jurídico y de comunicación, configurándose un claustro de primer nivel y máxima experiencia en el sector de la resolución extrajudicial.

INFORMACIÓN SOBRE EL CURSO:
info@plataformaredes.es

El próximo 6 de octubre, a las 16.00 horas, se celebrará una sesión organizada por la Sección de Derecho Sanitario titulada “La humanización de los conflictos sanitarios: presente y futuro de los sistemas alternativos de resolución”.

La mesa redonda, que será moderada por Esperanza Marcos Juárez, copresidenta de la Sección de Derecho Sanitario, contará con los siguientes ponentes:

• Yolanda Aguilar Olivares. Directora de Plataforma REDES-Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario. Doctora en Derecho. Ex Secretaria General del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS)
• Ofelia De Lorenzo Aparici.Socia Directora del área Jurídico-Contencioso en De Lorenzo Abogados

Inscripción 

Ofelia de Lorenzo, experta en Derecho Sanitario, ha intervenido en el l SIMPOSIO OBSERVATORIO DE LA SANIDAD ‘Las fronteras de la lucha contra el coronavirus‘, organizado por El Español, y ha advertido de la necesidad de tender una estrategia global, tanto jurídica como ética y evitar una judicialización peligrosa en tiempos de pandemia.

«Si judicializamos todo y hemos estado tres meses con los juzgados paralizados tendremos una pandemia jurídica muy compleja. Por eso, ha propuesto una ley orgánica que habilite tomar medidas de suspensión de derechos en situaciones se emergencia sanitaria.

Ha explicado que hay que actualizar nuestro marco normativo y es un gran momento para ir avanzando en el derecho normativo, de la mano del derecho sanitario. «La actuación de los profesionales sanitarios, está fuera de toda duda, pero por eso hay que dotarle de un marco jurídico para protegerle», ha dicho.

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No solo es posible, sino que es una obligación equilibrar el derecho a la educación y el derecho a la salud que todo niño posee. Así lo afirman los abogados expertos en esta atípica vuelta al colegio. Si fue complicado terminar el curso escolar en el confinamiento, el comienzo del nuevo no lo va a ser menos.

Tal y como recuerda Ricardo De Lorenzo, abogado experto en Derecho Sanitario, en el escenario normativo español la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud “no solo individual sino también colectiva, para imponer obligaciones a los colectivos, en el propósito suficientemente justificado, como es el caso presente, de la defensa de la salud colectiva. En sentido inverso, si los padres pueden justificar que el centro escolar no dispone de las medidas de seguridad para prevenir contagios, podrían defenderse, en caso de ser sancionados”.

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Los profesionales sanitarios han trabajado a destajo los últimos meses para atender a los pacientes contagiados de Covid-19. Sin embargo, al comienzo de la crisis sanitaria muchos lamentaron la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) con los que protegerse contra el virus. Tampoco se disponía de los equipos de ventilación mecánica invasiva suficientes para la alta demanda, por lo que se vieron obligados a cribar a los pacientes. Ahora que los países se afanan en encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus, los expertos demandan un marco jurídico para priozar su suministro.

«En este proceso se tendrá que tener como principal objetivo asegurar el acceso universal a la vacuna con criterios de equidad, ya que ningún país y ninguna persona debiera estar bajo ninguna discriminación en el acceso a la prevención de la Covid-19, si finalmente disponemos de vacuna, pero no podemos depender solo de la buena voluntad», argumenta Ricardo De Lorenzo, doctor en Derecho y Presidente en De Lorenzo Abogados.

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La crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 en España no solo ha supuesto un alto coste para los ciudadanos (con más de 28.400 fallecidos y 255.000 contagiados por el virus), sino que, previsiblemente, traerá consigo un alto volumen de reclamaciones de afectados o sus familiares contra el sistema sanitario y sus profesionales. Pero, ¿hasta qué punto tendrá peso jurídico estas denuncias contra médicos y enfermeros que atendieron el Covid-19? ¿Debe preocupar a los profesionales, así como a los sistemas sanitarios autonómicos, un ‘aluvión’ de reclamaciones?

Preguntada por esta cuestión, Ofelia De Lorenzo y Aparici, socia-directora del Área Jurídico Contenciosa de De Lorenzo Abogados, explica a Redacción Médica que, tras esta crisis de salud publica, “se prevé otra, en este caso, jurídico sanitaria, en materia de responsabilidad profesional sanitaria”. Y esto se debe, tal y como señala la experta a este medio, a que, aunque la pandemia haya conseguido poner en valor la labor de los profesionales sanitarios y el ciudadano haya sido consciente de las limitaciones y carencias con las que han contado, “el dolor por la pérdida de un ser querido, al igual que la falta de comprensión de cómo o por qué ha pasado, justificaría sin duda una reclamación en materia de responsabilidad profesional sanitaria”.

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Entrevista con Ofelia de Lorenzo, Socia – Directora del Área Contenciosa en De Lorenzo Abogados, en Diario Vasco en la que defiende la necesidad de resolver los conflictos judiciales que se avecinan mediante la mediación, al margen de los tribunales porque reconoce que «va a haber un aluvión de demandas a colapsar con toda probabilidad el sistema judicial».

Acceda a la entrevista en Diario Vasco

Ofelia de Lorenzo, Socia – Directora del Área Contenciosa en De Lorenzo Abogados, analiza en este artículo que hay casos en los que el trabajador no se puede negar pero la empresa tiene la obligación de compensar algunas situaciones.

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Entrevista con Ofelia de Lorenzo, Socia – Directora del Área Contenciosa en «De Lorenzo Abogados» y miembro del Steering Committee del Instituto ProPatiens, sobre los derechos de los profesionales sanitarios en la que destaca que «los profesionales sanitarios han sido el sector más expuesto y comprometido, estando en primera línea de atención y asistencia, siendo altamente vulnerables al contagio y a los que se les debe un merecido reconocimiento y agradecimiento. Por ello, se hace imprescindible apoyar la labor profesional de los profesionales sanitarios».

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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de los ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad.

El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás titulares de los departamentos designados como autoridades competentes delegadas a los efectos del citado real decreto.

En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

En el citado marco, se dictó la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que, entre otros aspectos, establece a las comunidades autónomas la obligación de remitir al Ministerio de Sanidad determinada información de carácter epidemiológico, de situación de capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y materiales que permita facilitar el seguimiento y la toma de decisiones en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

La evolución de la situación de la crisis sanitaria que se desarrolla en el marco del estado de alarma obliga a adaptar y modificar el procedimiento de notificación de la información epidemiológica que las comunidades autónomas deben remitir a este Departamento, para asegurar la eficiencia en la gestión de la crisis.

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