Ofelia de Lorenzo, experta en Derecho Sanitario, ha intervenido en el l SIMPOSIO OBSERVATORIO DE LA SANIDAD ‘Las fronteras de la lucha contra el coronavirus‘, organizado por El Español, y ha advertido de la necesidad de tender una estrategia global, tanto jurídica como ética y evitar una judicialización peligrosa en tiempos de pandemia.

«Si judicializamos todo y hemos estado tres meses con los juzgados paralizados tendremos una pandemia jurídica muy compleja. Por eso, ha propuesto una ley orgánica que habilite tomar medidas de suspensión de derechos en situaciones se emergencia sanitaria.

Ha explicado que hay que actualizar nuestro marco normativo y es un gran momento para ir avanzando en el derecho normativo, de la mano del derecho sanitario. «La actuación de los profesionales sanitarios, está fuera de toda duda, pero por eso hay que dotarle de un marco jurídico para protegerle», ha dicho.

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No solo es posible, sino que es una obligación equilibrar el derecho a la educación y el derecho a la salud que todo niño posee. Así lo afirman los abogados expertos en esta atípica vuelta al colegio. Si fue complicado terminar el curso escolar en el confinamiento, el comienzo del nuevo no lo va a ser menos.

Tal y como recuerda Ricardo De Lorenzo, abogado experto en Derecho Sanitario, en el escenario normativo español la Constitución garantiza el derecho de los ciudadanos a la protección de la salud “no solo individual sino también colectiva, para imponer obligaciones a los colectivos, en el propósito suficientemente justificado, como es el caso presente, de la defensa de la salud colectiva. En sentido inverso, si los padres pueden justificar que el centro escolar no dispone de las medidas de seguridad para prevenir contagios, podrían defenderse, en caso de ser sancionados”.

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Los profesionales sanitarios han trabajado a destajo los últimos meses para atender a los pacientes contagiados de Covid-19. Sin embargo, al comienzo de la crisis sanitaria muchos lamentaron la escasez de Equipos de Protección Individual (EPI) con los que protegerse contra el virus. Tampoco se disponía de los equipos de ventilación mecánica invasiva suficientes para la alta demanda, por lo que se vieron obligados a cribar a los pacientes. Ahora que los países se afanan en encontrar una vacuna contra el nuevo coronavirus, los expertos demandan un marco jurídico para priozar su suministro.

«En este proceso se tendrá que tener como principal objetivo asegurar el acceso universal a la vacuna con criterios de equidad, ya que ningún país y ninguna persona debiera estar bajo ninguna discriminación en el acceso a la prevención de la Covid-19, si finalmente disponemos de vacuna, pero no podemos depender solo de la buena voluntad», argumenta Ricardo De Lorenzo, doctor en Derecho y Presidente en De Lorenzo Abogados.

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La crisis sanitaria provocada por el coronavirus Covid-19 en España no solo ha supuesto un alto coste para los ciudadanos (con más de 28.400 fallecidos y 255.000 contagiados por el virus), sino que, previsiblemente, traerá consigo un alto volumen de reclamaciones de afectados o sus familiares contra el sistema sanitario y sus profesionales. Pero, ¿hasta qué punto tendrá peso jurídico estas denuncias contra médicos y enfermeros que atendieron el Covid-19? ¿Debe preocupar a los profesionales, así como a los sistemas sanitarios autonómicos, un ‘aluvión’ de reclamaciones?

Preguntada por esta cuestión, Ofelia De Lorenzo y Aparici, socia-directora del Área Jurídico Contenciosa de De Lorenzo Abogados, explica a Redacción Médica que, tras esta crisis de salud publica, “se prevé otra, en este caso, jurídico sanitaria, en materia de responsabilidad profesional sanitaria”. Y esto se debe, tal y como señala la experta a este medio, a que, aunque la pandemia haya conseguido poner en valor la labor de los profesionales sanitarios y el ciudadano haya sido consciente de las limitaciones y carencias con las que han contado, “el dolor por la pérdida de un ser querido, al igual que la falta de comprensión de cómo o por qué ha pasado, justificaría sin duda una reclamación en materia de responsabilidad profesional sanitaria”.

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Entrevista con Ofelia de Lorenzo, Socia – Directora del Área Contenciosa en De Lorenzo Abogados, en Diario Vasco en la que defiende la necesidad de resolver los conflictos judiciales que se avecinan mediante la mediación, al margen de los tribunales porque reconoce que «va a haber un aluvión de demandas a colapsar con toda probabilidad el sistema judicial».

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Ofelia de Lorenzo, Socia – Directora del Área Contenciosa en De Lorenzo Abogados, analiza en este artículo que hay casos en los que el trabajador no se puede negar pero la empresa tiene la obligación de compensar algunas situaciones.

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Entrevista con Ofelia de Lorenzo, Socia – Directora del Área Contenciosa en «De Lorenzo Abogados» y miembro del Steering Committee del Instituto ProPatiens, sobre los derechos de los profesionales sanitarios en la que destaca que «los profesionales sanitarios han sido el sector más expuesto y comprometido, estando en primera línea de atención y asistencia, siendo altamente vulnerables al contagio y a los que se les debe un merecido reconocimiento y agradecimiento. Por ello, se hace imprescindible apoyar la labor profesional de los profesionales sanitarios».

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El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, contempla una serie de medidas dirigidas a proteger el bienestar, la salud y seguridad de los ciudadanos y la contención de la progresión de la enfermedad.

El artículo 4.2.d) del citado Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, determina que, para el ejercicio de las funciones previstas en el mismo y bajo la superior dirección del Presidente del Gobierno, el Ministro de Sanidad tendrá la condición de autoridad competente delegada, tanto en su propia área de responsabilidad como en las demás áreas que no recaigan en el ámbito específico de competencias de los demás titulares de los departamentos designados como autoridades competentes delegadas a los efectos del citado real decreto.

En concreto, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4.3 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, el Ministro de Sanidad queda habilitado para dictar las órdenes, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, dentro de su ámbito de actuación como autoridad delegada, sean necesarias para garantizar la prestación de todos los servicios, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares, mediante la adopción de cualquiera de las medidas previstas en el artículo once de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, excepción y sitio.

En el citado marco, se dictó la Orden SND/234/2020, de 15 de marzo, sobre adopción de disposiciones y medidas de contención y remisión de información al Ministerio de Sanidad ante la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que, entre otros aspectos, establece a las comunidades autónomas la obligación de remitir al Ministerio de Sanidad determinada información de carácter epidemiológico, de situación de capacidad asistencial y de necesidades de recursos humanos y materiales que permita facilitar el seguimiento y la toma de decisiones en la gestión de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19.

La evolución de la situación de la crisis sanitaria que se desarrolla en el marco del estado de alarma obliga a adaptar y modificar el procedimiento de notificación de la información epidemiológica que las comunidades autónomas deben remitir a este Departamento, para asegurar la eficiencia en la gestión de la crisis.

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El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves una orden del Ministerio de Sanidad que establece el inicio de los plazos para realizar las evaluaciones y la fecha final de la residencia para los MIR y el resto de residentes de la Formación Sanitaria Especializada.

La evolución de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19 exige adoptar nuevas medidas que suponen una modificación de la referida orden ministerial con las que poder dar respuesta con la necesaria agilidad a la creciente demanda asistencial.

1. Se establece la prórroga de la contratación de los residentes en el último año de formación, de las especialidades de: Geriatría, Medicina del Trabajo, Medicina Familiar y Comunitaria, Medicina Intensiva, Medicina Interna, Medicina Preventiva y Salud Pública, Neumología, Pediatría y sus Áreas Específicas, Radiodiagnóstico, Microbiología y Parasitología, Enfermería del Trabajo, Enfermería Familiar y Comunitaria, Enfermería Geriátrica y Enfermería Pediátrica.

2. Quedan suspendidas las rotaciones en curso o programadas de los residentes.

3. La autoridad sanitaria competente de la comunidad autónoma podrá determinar que los residentes que no estén en el último año de formación, de las especialidades mencionadas en el apartado 1 o de cualquier otra, presten servicios en unidades en las que se precise refuerzo de personal por las necesidades organizativas y asistenciales.

NUEVAS CONTRATACIONES:

4. Se autoriza con carácter excepcional y transitorio la contratación de aquellas personas con grado, licenciatura o diplomatura, y que carecen aún del título de especialista, para la realización de funciones propias de una especialidad en los siguientes supuestos: a) Profesionales que realizaron las pruebas selectivas 2018/2019 y 2019/2020 de formación sanitaria especializada

5. Los profesionales, de cualquier titulación, que realizaron las pruebas selectivas 2018 para el acceso en el año 2019, a plazas de formación sanitaria especializada y que, habiendo superado la puntuación mínima en el ejercicio, no resultaron adjudicatarios de plaza, podrán ser contratados bajo la modalidad contractual prevista en el Real Decreto 1146/2006, de 6 de octubre, regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en Ciencias de la Salud.

El contrato que se suscriba tendrá una duración de tres meses prorrogables por sucesivos períodos de tres meses. Asimismo, se podrá contratar a los profesionales, de cualquier titulación, que realizaron las pruebas selectivas 2019 para el acceso en el año 2020, a plazas de formación sanitaria especializada y que han superado la puntuación mínima en el ejercicio.

6. Contratación de estudiantes de otras titulaciones. 1. Las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas podrán suscribir contratos laborales de duración determinada, de auxilio sanitario, al amparo de lo previsto en el artículo 15.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, destinados a estudiantes en su último año de formación de las profesiones sanitarias no previstas en el apartado anterior, así como de estudiantes de último año del área sanitaria de formación profesional. 2. El contrato que, en su caso, se suscriba deberá indicar que se desarrolla en calidad de apoyo y bajo supervisión de un profesional sanitario