Es la hora. El actual contexto social y jurídico «favorece» la implantación de la resolución extrajudicial del conflicto sanitario. Es decir, poner en marcha métodos que permitan una gestión diferente de las reclamaciones en este ámbito, ofreciendo al reclamante otra vía que no sea la judicial. Pero hace falta «un cambio de mentalidad».
Así lo ha señalado Ofelia de Lorenzo, socia y directora del Área Jurídico Contenciosa en De Lorenzo Abogados y vicepresidenta de la Asociación Española de Derecho Sanitario (AEDS), durante su intervención en el taller ‘La hora de la resolución extrajudicial de conflictos’ que se ha celebrado en el marco del XXVII Congreso Nacional de Derecho Sanitario.
Y hay datos de dos proyectos que «prueban las bondades de este sistema». Este tipo de unidades de mediación existe en el grupo HM Hospitales y en el Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). En este último, por ejemplo, «se ofrece al reclamante en un plazo de dos o cuatro meses un estudio de viabilidad jurídica». Y un dato más: de los expedientes que se trataron, «en el 40% de los casos se llegó a un acuerdo amistoso».
Además, sobre la implantación de sistemas de resolución extrajudicial de conflicto sanitario ha hablado Joaquín Cayón de las Cuevas, jefe del Servicio Jurídico de la Consejería de Sanidad de Cantabria y director del Grupo de Investigación en Derecho Sanitario de IDIVAL-Universidad de Cantabria.
Objetivos
Cayón de las Cuevas ha propuesto un decálogo de cuáles tienen que ser los objetivos de un sistema extrajudicial. «Rapidez y disminución de burocracia, confidencialidad, abaratamiento de costes, honra a la víctima», entre otras características. «El sistema sanitario tiene que ofrecer resolver el conflicto sin llegar al sistema judicial», ha insistido.
Por su parte, Javier Villalba Rodríguez, director de Siniestros de BH Speciality Insurance, ha coincidido en la idea de que la resolución extrajudicial «disminuye el coste moral, así como el coste económico. Los beneficios son evidentes».
Además, Villalba ha sido crítico con la Administración Pública, ya que «la información que llega en lo referente a las reclamaciones tarda mucho».
Un punto en el que también ha coincidido Francisco Sánchez Mendo, director de Sanidad y Farmacia de Aon Risk Solutions, que ha puesto sobre la mesa la reticencia de compartir información y poder por parte de las Administraciones Públicas.
Sánchez también ha dado cifras del funcionamiento de la resolución extrajudicial de conflictos. «De los últimos 10.000 expedientes de Aon, solo se ha judicializado el 30%». En este sentido, ha señalado que «estas soluciones de mediación vienen también a traer humanidad en la gestión de los expedientes».
