La confluencia de factores sociales, económicos y jurídicos nos hace ver más cerca el impulso en España de los métodos adecuados de solución de conflictos en materia sanitaria (en adelante MASC). Un sistema sanitario de calidad debe contar con herramientas jurídicas consolidadas para proteger y atender a sus pacientes y a sus profesionales, y en mayor medida, tras la pandemia Covid-19.
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La aparición de las nuevas tecnologías y la expansión del mercado transfronterizo ha generado nuevas fórmulas contractuales no sólo en la adquisición de productos sino también la prestación de servicios. En concreto, han surgido nuevas fórmulas en la prestación de los servicios sanitarios en la que se la participación del usuario es mayor. El usuario de los servicios sanitarios es también consumidor final y, por tanto, es necesario analizar a este nuevo usuario como los derechos que tiene en los casos que tenga que reclamar al prestador de los servicios sanitarios. Se hace un especial estudio de la medicina estética. Asimismo, se destacan las nuevas fórmulas de reclamación extrajudicial y, en concreto, la negociación sanitaria que son instrumento esencial en la humanización del conflicto.

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YOLANDA AGUILAR OLIVARES

Directora de Plataforma REDES – Resoluciones Extrajudiciales en Derecho Sanitario

RESUMEN:
Se aborda la repercusión que tendrá el nuevo Anteproyecto en los conflictos sanitarios, motivado por el impacto del Covid-19 que ha generado una crisis sanitaria y económica en nuestro país y que ha forjado la necesidad de una modificación en el servicio público de justicia. En esta línea, se impulsan los mecanismos eficientes que resultan imprescindibles para acoger el previsible incremento de la litigiosidad en los próximos tiempos. Se potencian otros mecanismos adecuados de resolución de controversias como la negociación, la mediación o la conciliación, así como la nueva figura del experto independiente.

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Resumen
La necesidad de humanizar la asistencia sanitaria y más en los tiempos de Covid-19, en los que nos encontramos inmersos, hace necesario buscar nuevas formulas de resolución de los conflictos sanitarios entre pacientes, profesionales sanitarios y organizaciones sanitarias. La desescalada del conflicto sanitario tiene su puerta de salida en los sistemas alternativos de resolución de los conflictos.

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La reanudación de los plazos administrativos y judiciales, que entran en vigor el 1 de junio y 4 de junio respectivamente, supone despertar del letargo las actuaciones administrativas y judiciales que, además, unido al incremento de la litigiosidad consecuencia de la ingente cantidad de reclamaciones que se presentarán por los pacientes afectados por Covid-19, puede provocar el colapso de la Administración y del Poder Judicial.

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En un Estado del bienestar como el nuestro, son el Estado y la Administración pública los garantes de la protección de nuestros derechos. Ahora bien, eso no implica que la ciudadanía no deba asumir siempre sus importantes responsabilidades.

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La aparición de las nuevas tecnologías y la expansión del mercado transfronterizo ha generado nuevas fórmulas contractuales no sólo en la adquisición de productos sino también la prestación de servicios. En concreto, han surgido nuevas fórmulas en la prestación de los servicios sanitarios en la que se la participación del usuario es mayor. El usuario de los servicios sanitarios es también consumidor final y, por tanto, es necesario analizar a este nuevo usuario como los derechos que tiene en los casos que tenga que reclamar al prestador de los servicios sanitarios. Se hace un especial estudio de la medicina estética. Asimismo, se destacan las nuevas fórmulas de reclamación extrajudicial y, en concreto, la negociación sanitaria que son instrumento esencial en la humanización del conflicto.

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La coyuntura actual de las 17 Administraciones Públicas Sanitarias ha cambiado con respecto a sus primeros años de andadura. Actualmente, Comunidades Autónomas como Extremadura, Canarias, Aragón y Comunidad Valenciana tienen un modelo de autoseguro y otras como Andalucía, Asturias, Galicia y, ahora seguramente también la Comunidad de Madrid, tienen que contar con una fórmula de franquicia, que supone límites anuales en el pago de las indemnizaciones por persona y, por siniestro.

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